En la V Conferencia el tema central propuesto para la discusión versa sobre las posibilidades reales de generar cambios sociales en el ámbito del turismo, de qué manera está funcionando el activismo en el ámbito académico y el papel de esta comunidad en la generación de cambios sociales. De este modo, los principales temas en discusión para la presentación de papers y la organización de talleres serán los siguientes:

1) Acción crítica en el aula:

·      Pedagogías críticas en turismo, hotelería y eventos

·      Imaginando el futuro de la educación turismo, hotelería y eventos

·      Fomentar actitudes críticas y socialmente activas en los estudiantes

2) El turismo y su potencialidad como fuerza social:

·      La justicia social, la exclusión y la desigualdad social

·      ‘Worldmaking’y la transformación de los lugares y culturas

·     Empoderamiento, desarrollo de comunidades sostenibles e iniciativas empresariales sociales

·      Lecturas poscoloniales de turismo

·     El turismo y su relación con el género, la clase, la raza, la sexualidad, la etnia y la discapacidad

·      Métodos de investigación innovadores y críticos

·      Posicionamiento y dinámicas emocionales de la investigación

·      Libertad de cátedra

4) Estudio crítico y acción

·      La relación entre la academia y el activismo

·      Impactos del empoderamiento a través de la investigación crítica

·      Evaluación pública y difusión de la investigación crítica

Los oradores principales de la Conferencia serán:

·      Michael Hall  (University of Canterbury)

·      Tom Selwyn  (SOAS, University of London)

·      Freya Higgins-Desbiolles (University of South Australia/ University of Otago)

·      Kyle Powys White (Michigan State University)

Puede acceder a más información sobre la V Conferencia de CST aquí.

Fuente: Foro de Turismo Responsable

                              No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia (Montesquieu)

Detrás de la industria del turismo globalizado existe un engranaje de actores públicos, privados y organismos internacionales. El trabajo cooperativo entre éstos es condición necesariapara que la expansión del turismo dominante pueda ser efectiva y rentable. En esta cadena de actores, los grupos de presión son el eslabón menos visible, operando detrás de las transnacionales, dentro de las instituciones, y a espaldas de la ciudadanía y la opinión pública.

Transnacionales: actores estelares del turismo global

Dado su carácter reticular y multisectorial, en el sector turístico internacional intervienen directa e indirectamente empresas privadas de distinta índole, actividad y tamaño [1]. No obstante, son las corporaciones transnacionales las que mantienen un control sobre los instrumentos clave del negocio (infraestructuras, alojamientos, transporte, construcción, ocio y servicios complementarios) y concentran una parte cada vez mayor de los ingentes beneficios derivados de su explotación.

La concentración e internacionalización de capitales, dinámicas definitorias de la globalización económica, caracterizan también a esta industria. Los procesos de fusión, adquisición, integración vertical y horizontal de los grandes operadores son cada vez mayores y más acelerados. Asimismo, las transnacionales se expanden por los mercados geográficos del Sur, deslocalizando los destinos y diversificando su oferta turística, impulsadas por los Estados centrales y apoyadas por los organismos internacionales [2].

Las principales marcas de la hotelería mundial se concentran en un grupo reducido de empresas con sede en Europa y Estados Unidos. La oferta de habitaciones de las 10 principales cadenas hoteleras representa el 20% de la oferta global, 15 corporaciones poseen más de 35 mil hoteles y 4,3 millones de habitaciones en el mundo [3]. Asimismo, la expansión territorial de estas compañías es notable: por ejemplo, Accor tiene presencia en 80 países, Starwood Hotels & Resorts en 95 e Intercontinental Hotel Group en más de 100 (CEPAL, 2008).

Más allá de los hoteles, otro parámetro sobre el que se asienta el turismo es el transporte. En torno al 43% de los desplazamientos turísticos internacionales se realizan por avión (WWF España, 2011).En la aviación internacional, el 8% del PIB mundial en 2010,el 10% de las empresas [4] concentra el 84% de la cuota de mercado (IATA, 2013). En los últimos años, la tendencia de este sector fue formar alianzas entre transnacionales, dando lugar a la creación de 5 grandes consorcios: OneWorld, Star, Wings, Sky Team y Qualiflier.

A partir del fuerte proceso de internacionalización iniciado en los 90 [5], el turismo español es uno de los más fuertes del mundo. Algunos casos emblemáticos del sector hotelero son Sol Meliá [6], grupo hotelero vacacional más grande del mundo (CEPAL, 2008) y líder en América Latina y el Caribe, Barceló, con más de 150 hoteles y más de 450 agencias de viajes en 17 países, e Iberostar, presente en 19 países (Consejo Empresarial para la Competitividad, 2012). Con respecto a la aviación civil, en 2011 el 75% del flujo de pasajeros de las aerolíneas que operan en el país se concentró en 15 compañías (Ministerio de Fomento, Gobierno de España, 2013) [7].

Detrás del poder de estas corporaciones existen organizaciones con un bajo perfil público y una fuerte presencia en las instituciones políticas. Los grandes actores privados del turismo globalizado, además de dominar cada vez más la explotación de la actividad, a través de los lobbies ejercen presión sistemática en los espacios de toma decisiones.

Lobbycracia:detrás de las transnacionales, dentro de las instituciones

Los lobbies son colectivos con intereses comunes que ejercen influencia en los centros de decisión política para suscitar que las decisiones adoptadas sean favorables a estos intereses. Desde la sombra y generalmente de forma sectorial, estas organizaciones pretenden que los intereses de sus corporaciones queden plasmados lo mejor posible en las decisiones de los poderes públicos. A mayor poder económico, mayor capacidad de incidencia, dinámica que favorece desde la política institucional los procesos de concentración de capital y la primacía de intereses privados de grupos concentrados.

En el turismo globalizado, el principal lobby es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, World Travel & Turism Council), que reúne al centenar de empresas más grandes del sector. Presidido por David Scowsill y JW Marriot Jr.[8], el WTTC representa sus intereses frente a gobiernos de muchos países y regiones del mundo, además de fomentar las alianzas público-privadas para el desarrollo de esta actividad (WTTC, 2013). En el transporte aéreo, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) representa a 240 aerolíneas, el 84% del tráfico aéreo del planeta [9] (IATA, 2013). En 2011, al asumir como CEO de esta asociación, Tony Tyler, ex directivo de Swire & Cathay Pacific Airways y John Wire & Son, hacía una declaración de intenciones a todas luces clarificadora: “mi misión como director y CEO de IATA es hacer del mundo, un mundo mejor para que las aerolíneas puedan hacer sus negocios” (Gran Portal de la Aviación , 2011).

En el turismo globalizado existen otros grupos internacionales de presión:

• La Federación Universal de las Asociaciones de Agencias de Viajes (FUAAVV) representa la unificación de las agencias de viajes y tour-operadores en una federación única a nivel internacional. Está integrada por las Asociaciones Nacionales de Agencias de Viajes de casi 100 países.
• La Unión de Federaciones de Agencias de Viajes (UFTAA) procede de la FUAAVV y tiene estatuto consultivo en Naciones Unidas. Representa a las agencias de viajes y turismo a nivel mundial ante organismos gubernamentales.
• La Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IH&RA representa los intereses de unos 300 mil hoteles y 8 millones de restaurantes en el mundo
• La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), formada por 700 miembros en 80 países, representa a las agencias de viajes de congreso, organizadores y centros de convenciones y congresos

La Federación Internacional de Tour-operadores (IFTO) representa a los principales tour-operadores de los mercados europeos

Estas estructuras de presión también operan con una descentralización territorial. En el turismo español se encuentra Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, miembro del WTTC. Presidida desde 2013 por el directivo del Grupo Hotusa Amancio López Seijas [10], esta asociación aglutina y protege los intereses de los 27 actores clave del sector (hoteles y alojamientos, transporte, distribución, ocio y servicios complementarios [11]) con actividades en más de 175 países. En sus prioridades estratégicas [12]destaca la necesidad de que el turismo sea considerado como “sector prioritario” para la “recuperación” y en “el nuevo modelo productivo”, con un “reflejo en los presupuestos del Gobierno” y “los programas que rijan las elecciones autonómicas” (Exceltur, 2013).

Otro lobby español es la Asociación Empresarial Mesa de Turismo, integrada por los principales empresarios del sector y cuyo fin es la “coordinación privada y la divulgación de la función del turismo en el marco de la economía de mercado, como factor esencial de desarrollo económico y social”. Presidida por ex ministro y empresario Abel Matutes [13], la Mesa tiene dos líneas de actuación, sobre el poder político y la opinión pública [14], y entre sus objetivos destaca “recabar de los poderes públicos el rango político y económico que corresponde al turismo” (Mesa de Turismo, 2013) [15].

En los sectores conexos, se encuentra el G-14, Inmobiliarias por Excelencia [16], y el Club de Exportadores e Inversores. El G14, creado en 2007, es un “grupo organizado para la defensa de sus intereses empresariales y el desarrollo de todo tipo de acuerdos y medidas que redunden en la defensa de la actividad” (G14 Inmobiliarias, 2007), aglutina a las principales inmobiliarias españolas y su presidente es directivo del Grupo Sacyr Vallehermoso [17](G14 Inmobiliarias, 2013). El Club de Exportadores e Inversores salvaguarda los intereses de los capitales internacionalizados, inversores en el extranjero y exportadores, y “mantiene un contacto permanente con la Administración española, representando y actuando en defensa de los intereses de los socios” (Club de Exportadores e Inversores, 2013) [18].

A pesar de tratarse de grupos que inciden de manera opaca en las reglas del juego democrático, su regulación es tibia o inexistente. En la UE en 2008 se creó un registro público para dotar de una mínima transparencia a estas organizaciones y sus gestiones en las instituciones europeas (Parlamento Europeo y Comisión Europea, 2012). En el Estado español hasta el momento no existe regulación alguna de los lobbies [19].

“Un mundo mejor… para los negocios”

Algunos ejemplos pueden servir para ilustrar el funcionamiento de los lobbies.

En primer lugar, la legislación del clima y las medidas regulatorias del cambio climático en la UE. En 2005, teniendo en cuenta que la aviación es una de las actividades humanas que genera mayores emisiones de CO2 [20], IATA puso en marcha una “estrategia para abordar el problema del cambio climático”, valorada por la organización Transport and Enviroment (T&E) como completamente “ajena a la verdad”. En 2008 este lobbyejerció presión sobre las instancias competentes de la UE para excluir a la aviación del Sistema de Comercio de Emisiones. En septiembre de 2009 IATA anunció durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático una supuesta reducción del 50% de las emisiones del sector de la aviación prevista para 2050. Este anuncio fue calificado como un “truco” por organizaciones ecologistas y considerado “irreal” por basarse en datos claramente manipulados. Sus objetivos eran excluir a este sector de la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático a realizarse en Copenhague dos meses después, mermar las crecientes críticas sobre sus impactos ambientales y evitar nuevos impuestos para la aviación.

Un caso más cercano es la modificación de la Ley de Costas española en 2013, no incluida en el programa electoral del Partido Popular. En este caso, lo que la Mesa de Turismo denominó “aportación de ideas y sugerencias para la promulgación de una nueva Ley de Costas” (Mesa de Turismo, 2013) supuso de hecho que en la modificación de esta Ley prevalecieran los intereses del sector a los de la ciudadanía y la conservación de los entornos naturales.

La nueva Ley, considerada “conservacionista” por la Mesa de Turismo (Nexotur, 2012) y que “privatiza y desprotege la costa” por los grupos de la oposición (Público, 2013), permite que se mantenga una gran cantidad de edificaciones turísticas que en la anterior norma se exigía demoler. La medida fue valorada por organizaciones ecologistas como “una de las peores noticias medioambientales de los últimos tiempos” y  “abrir la puerta a un montón de amigos que tienen sus ojos puestos en los últimos tramos de costa sin construir”(Greenpeace, 2013); “dar rienda suelta a la privatización” y “vía libre para la ocupación del 75% de la costa, facilitando otra nueva oleada de edificación en el litoral” (Ecologistas en Acción, 2013), o que responde a “las presiones de intereses particulares; pero en la costa deberían prevalecer los intereses generales” (WWF) (Cerrillo, 2012) [21].

En este caso también hay que añadir las “puertas giratorias” por las que ha transitado el actual Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español y su entorno. Arias Cañete, uno de los políticos con mayor patrimonio, está relacionado con empresas constructoras, promotoras e inmobiliarias, fabricantes de hormigón, petroleras, entre otras: “…un ministro con una “peculiar” sensibilidad ambiental y donde podría haber posibles conflictos de intereses. Y de ahí su peculiar visión de lo que tiene que ser la costa y la Ley de Costas, una herramienta más parecida a la regularización del suelo urbano y de bienes inmobiliarios” (Greenpeace, 2012).

Estos dos casos contribuyen a comprender cómo estos grupos de presión escudan unos intereses minoritarios que van en detrimento del beneficio del conjunto de la población y de la preservación de sus entornos naturales. Utilizando, justamente, unas instituciones nacionales o regionales cuya finalidad debería ser conseguir el interés general y el bien común, que son mucho más que la suma de los intereses particulares.

Una alargada sombra de antidemocracia

“Por cada europarlamentario (…) hay más de 20 representantes de intereses cuyo trabajo es condicionar sus decisiones políticas”, con “acreditación para trabajar desde dentro de las sedes del Parlamento Europeo y la Comisión y comparten vida con funcionarios y cargos políticos“ (Sánchez, 2010). Estas relaciones estrechas y conniventes entre grupos de presión y poder político son condición necesaria para profundizar un modelo turístico insostenible [22], diseñado en pos de intereses monetarios y de corto plazo de las corporaciones del sector.

Detrás de las transnacionales, dentro de las instituciones políticas y de espaldas a la ciudadanía, los grupos de presión pretenden hacer de sus negocios privados un asunto de Estado. Con gran opacidad y mayor despliegue de recursos para potenciar su capacidad de lobista, las transnacionales van logrando mejoras continuas de las condiciones del negocio.

Estas prácticas y actores constituyen una alargada sombra de antidemocracia. La lobbycracia, lejos de cualquier forma de regulación efectiva, supone un asalto sistematizado del poder económico a los estamentos públicos, una embestida ilegítima de los sectores dominantes sobre la soberanía popular y sus hipotéticos representantes. En definitiva, estos grupos se encargan de traducir y operar en las instituciones políticas las demandas de privilegios del gran empresariado, con un fin inequívoco: “hacer del mundo, un mundo mejor para (…) los negocios”.

En este punto, parece pertinente volver a incidir en los intereses que salvaguardan actualmente las instituciones políticas de esta democracia. Si una plataforma ciudadana que defiende derechos fundamentales lleva al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 1,5 millones de firmas [23], si otra junta en una semana más de un millón de firmas exigiendo la dimisión del Presidente del Gobierno y la cúpula de su partido por casos de corrupción e incumplimiento del programa electoral, y ambas sondemocráticamente ignoradas. ¿Cuántas firmas necesitan los lobbies de la industria más grande y nociva de la globalización económica para ser escuchados, comprendidos y apoyados por los poderes del Estado?

Notas:

[1] Por ejemplo, establecimientos hoteleros y hosteleros, compañías de transporte nacional e internacional, agencias de viajes, entretenimiento, equipamientos y publicidad, además de la construcción y la promoción inmobiliaria.

[2] Los Estados centrales, donde las transnacionales tiene su sede,impulsan a estas empresas a través de líneas de financiación, cobertura, presión política y otros instrumentos de internacionalización. Los Estados periféricos, dónde se deslocaliza la actividad turística y receptor de inversión extranjera directa y visitantes internacionales,incentivan estas inversiones a través de atractivas condiciones fiscales, laxas regulaciones laborales y ambientales, y cesiones y concesiones diversas para la explotación del territorio y sus recursos, entre otros.

[3] Tabla 1: Pincipales cadenas hoteleras por países, número de habitaciones y número de hoteles

Fuente: CEPAL. (2008). Complejos Hotelero – inmobiliarios integrados: inversiones y estrategias empresariales. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

[4] La aviación internacional cuenta con unas con 2092 empresas, una red de 3754 aeropuertos, una flota de 23 mil aviones. En 2010 alcanzó una tasa de ocupación superior al 75% y transportó a 2400 millones de personas (ACETA, 2011).

[5] La internacionalización del turismo español comienza en 1985, con la construcción de un hotel de la cadena Barceló, Barceló Bávaro Beach Resort, en Punta Cana, República Dominicana. En 1990, esta iniciativa expansiva fue seguida por Sol Meliá y Occidental. Las 10 principales cadenas hoteleras con sede en el Estado español por cantidad de hoteles y habitaciones son: Sol-Meliá, NH, Barceló, Riu Hotels, Iberostar Hotels & Resorts, Fiesta Hotel Group, Be Live Hotels, Husa Hotels, Grupo Piñeros y H10 Hotels.

[6] Fundada y dirigida por el empresario balear Gabriel Escarrer Juliá y con sede en Palma de Mallorca. Cotizada en Bolsa desde 1996, la empresa es propietaria de distintas marcas de alcance internacional, como Sol Hoteles, Gran Meliá, Tryp Hoteles, Sol y Paradisus, entre otras.

[7] En 2011 las compañías aéreas que operan en el país transportaron 165,9 millones de pasajeros (un 7,6% más que en 2010) (Ministerio de Fomento, Gobierno de España, 2013).

[8] Scowsill es ex directivo de Worldhotels, Opodo, Hilton International, American Airlines, Easyjet y British Airways y Marriot es Presidente del Consejo de Marriot International. Entre los miembros globales del WTTC figuran ejecutivos de capitales españoles en su carácter de CEO o Chairman, como Simón Barceló de Barceló Hotels, Gabriele Burgio de NH Hoteles, Sebastián Escarrer de Meliá Hotels International, Luis Maroto y José Antonio Tasón de Amadeus IT.  Las prioridades estratégicas del Consejo son “libertad para viajar; políticas de crecimiento y turismo para el mañana” (WTTC, 2013).

[9] De la cual forman parte empresas como American Airlines, British Airways, KLM, Lufthansa, United Airlines o Iberia.

[10] Anteriormente había sido presidida por Fernando Conte de Orizonia (comprada recientemente por Globalia), quien sucedió a Sebastián Escarrer de Meliá Hotels International.

[11] Forman parte de Exceltur las principales empresas españolas hoteleras (Barceló, NH, Lopesan, Fiesta, Iberostar, Husa, Hoteles Playa, Sol Meliá, Fiesta, Hesperia, Hotusa o Rium), agencias de viajes (Viajes El Corte Inglés, Viajes Ecuador, Travelplan y Halcón Viajes), transporte (Iberia, Orizona, Air Nostrum, Renfe y Air Europa), medios de pago (American Express España y Servired), empresas de alquiler de coches (Pepe Car y Avis), ocio, parques temáticos (Loro Parque) y otros servicios turísticos (Amadeus IT), entre otros.

[12] Las líneas de trabajo se resumen en: “procurar que el turismo goce del mayor reconocimiento y autoestima de la sociedad española […] Procurar una mayor prioridad de Gobierno y convergencia entre las Administraciones Públicas […] Promover los mayores niveles de competitividad y crecimiento sostenible para el sector turístico español […] Promover la corresponsabilidad social entre las empresas del sector…” (Exceltur, 2013).

[13] Ex ministro español de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Aznar, eurodiputado, senador por Baleares y alcalde de Ibiza, y actualmente es presidente del Grupo Matutes y propietario de Fiesta Hotel Group, directamente vinculado al sector turístico.

[14] Entre sus iniciativas durante 2013 destacan la solicitud al Presidente de la Comunidad de Madrid que “considere prioritario el estímulo del turismo interior”, la reclamación de una “Ley de Huelga que asegure los objetivos turísticos nacionales” y la presión por una Ley de Unidad de Mercado. Asimismo, en su memoria de actividades de 2012 constan distintas acciones relacionadas con proyectos legislativos, entre ellas la “aportación de ideas y sugerencias para la promulgación de una nueva Ley de Costas”, una Ley de Unidad de Mercado, una Ley de Huelgas, la liberalización del transporte, Ley de Financiación del Transporte o el mantenimiento del IVA reducido para el turismo. Además, esta memoria registra encuentros con responsables políticos, como la Secretaria de Estado de Turismo, el Príncipe de Asturias, la Alcaldesa de Madrid, la Secretaria General de Transporte o el Secretario de Estado de Medio Ambiente (Mesa de Turismo, 2013).

[15] También hay que señalar a la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour-operadores (CEAVYT) , miembro no federado de la Unión de Federaciones de Agencias de Viajes (UFTAA).

[16] Las empresas asociadas a este lobby son: Colonial, Chamartín Inmobiliaria, Hercesa, Martinsa – Fadesa, Metrovacesa, Nozar, Parquesol Inmobiliaria, Grupo Rayet, Renta Corporación, Realia, Restaura, Vallehermoso y Royal Urbis.

[17] Desde marzo de 2012 su presidente es Fernando Rodríguez-Avial, presidente de Testa Inmuebles en Renta y de Vallehermoso (Grupo Sacyr Vallehermoso) (G14 Inmobiliarias, 2013).

[18] A este marco de relaciones público-privadas se debe añadir las “puertas giratorias” de miembros destacados del actual partido de Gobierno con empresas turísticas o de sectores vinculados. Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, Abengoa; Pedro Morenés, Ministro de Defensa, Construcciones Navales del Norte; Pío Cabanillas, Acciona; Josep Piqué, Vueling y Mixta África; Jauma Matas, Grupo Barceló; Abel Matutes. FCC. Balearia. Fiesta Hotel.

[19] En marzo de 2013, el presidente del Gobierno manifestó su intención de iniciar el correspondiente proceso para regular a estas organizaciones, aunque sin realizar ninguna medida concreta hasta el momento.

[20] En la actualidad, el transporte aéreo contribuye al 13,6% del sector transportes y al 3% del total de emisiones de CO2. Asimismo, las emisiones procedentes de este medio de transporte se han incrementado de forma notable desde 1990: las emisiones de la aviación internacional aumentaron un 73% entre 1990 y 2006 (Comisión Europea, 2007).

[21] Para más información ver: El último y peor temporal conocido (Pinya, 2012).

[22] Para más información ver: Los límites olvidados. Reflexiones sobre turismo global, sostenibilidad y decrecimiento (Fernández Miranda, 2013).

[23] Para más información ver: El reino del revés. Escraches, ilegitimidad y antidemocracia(Fernández Miranda, El reino del revés. Escraches, ilegitimidad y antidemocracia., 2013).

Fuente:  ALBA SUD

Licenciada en Física por la Universidad de las Islas Baleares (1999), Margalida Ramis ha trabajado en los ámbitos de la gestión energética y de los residuos y actualmente es la portavoz y responsable de campañas de Territorio y Recursos del Grupo de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB), grupo ecologista de referencia en las Islas Baleares. Inició los estudios de tercer ciclo en el departamento de Geografía de la UIB como miembro del Grupo de Investigación Sostenibilidad y Territorio (GIST). Ha sido presidenta-fundadora de la ONG, Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares y se ha movido y participado en diversos ámbitos de los movimientos sociales en Mallorca: cooperación, cultura, lengua y territorio.

Durante el año 2012, el gobierno del Partido Popular en las Islas Baleares ha impulsado varios cambios legislativos en materia ambiental, en un contexto generalizado de crisis y políticas de austeridad, que parecen estar orientadas a favorecer las inversiones privadas, especialmente en el ámbito turístico e inmobiliario, incluso en áreas que gozaban de cierto grado de protección. ¿Nos podrías explicar cómo ha sido esta secuencia de iniciativas y qué lógica parece estar operando?

Desde principios de legislatura, los diferentes responsables políticos del Gobierno del Partido Popular han ido trasladando a la sociedad el mensaje de que la protección es un impedimento para la inversión privada y que ésta es casi la única que puede “salvar” la actual situación de crisis generalizada. En base a esta argumentación, el Gobierno se ha dedicado a impulsar iniciativas legislativas que han tenido como consecuencia una desregulación total y absoluta del urbanismo y la ordenación del territorio en las Islas Baleares. Una desregulación que el GOB ha denunciado que se hace a la carta de los intereses privados de agentes que siguen especulando con el territorio, ya sean grupos promotores o entidades financieras. En este sentido se han aprobado la Ley 7/2012 de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que impulsa un urbanismo tercermundista porque permite que núcleos sin servicios mínimos y sin infraestructuras básicas sean a partir de ahora zonas urbanas, deja el suelo rústico como un suelo libre y apto para edificar y favorece claramente infractores y especuladores en cualquier lugar, incluso en zonas protegidas como Cala Blanca, Es Guix o Muleta, y la nueva Ley 8/2012 de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares, que somete la ordenación urbanística a los intereses turísticos vinculados a la especulación sobre el territorio.

Playa de Magaluf. Fotografía de Lloydi. Licencia Creative Commons.

De alguna manera, estas iniciativas en el Parlamento balear están en sintonía con los cambios que ha promovido el gobierno del Estado por ejemplo con la reforma de la Ley de Costas. ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma y qué implicaciones puede tener también por el litoral balear?

Con esta reforma, la ley pasa de ser una ley para la protección litoral a una ley que protege determinados intereses económicos en el litoral. Una característica común de todas estas iniciativas desreguladoras es la introducción de excepciones sin ningún tipo de justificación técnica ni sin ninguna valoración de las posibles implicaciones económicas, además de la introducción de indeterminaciones que permite resolver la aplicación de la normativa “según el caso”.

¿Cómo puede afectar todo esto a Mallorca? La ley impulsa cambios en la definición de los terrenos de dominio público, que se traducirá en una reducción de estas zonas. En el caso de Mallorca a menudo hay discusiones sobre las particiones. A partir de estas particiones se miden las servidumbres de tránsito y de protección, donde se restringen ciertos usos, especialmente los edificatorios. Una partición más cerca o más lejos puede afectar a la edificabilidad de los terrenos de atrás. Por otra parte, muchas dunas dejarán de ser de dominio público. Hasta ahora en algunos lugares el dominio público incorporaba dunas interiores, que ahora, justificantes que no son necesarias para el mantenimiento de la playa, dejarán de formar parte de lo público. Un error atendiendo que igualmente el mantenimiento de estas dunas tienen efectos sobre las dinámicas litorales. Esto también tendrá consecuencias a la hora de fijar la servidumbre de protección. Sitios como Es Trenc podrían cambiar los deslindes del dominio público de forma notable, reduciendo su alcance, prácticamente en la primera duna.

Las salinas volverán a ser privadas y en determinados casos se podrá edificar de nuevo a 20 metros del mar. Con la modificación de la Ley de Costas, se equipararía a suelos urbanos aquellos terrenos que tengan servicios, o que formen parte de una zona transformada en un tercio de su superficie. Este punto podía interpretarse como unos salida para poder seguir las obras, por ejemplo de de Ses Covetes, Moli d’en Regalado y tantos otros lugares.

Todo ello supone una clara desprotección del territorio, ¿hasta qué punto es cierta la percepción que uno puede tener con esta ofensiva en materia ambiental todo está nuevamente en juego?

Ahora todo depende de la capacidad inversora. El territorio, todo, está de nuevo en venta y los espacios naturales se están mercantilizando en detrimento de su conservación. Si surgen grupos inversores o iniciativas privadas, tendrán el apoyo del Gobierno, independientemente de si realmente las actividades o proyectos pueden tener consecuencias positivas desde el punto de vista económico más allá del proceso de ejecución de las obras y de la resolución de unos pocos intereses privados.

Cadena humana para la protección de Sa Ràpita, 29 de abril de 2012. Fotografía de GOB Mallorca.

Uno de los casos más sonados, y que provocó una fuerte movilización social, que encabezasteis desde el GOB, fue el del municipio de Campos. ¿Qué implicaciones tiene la declaración de interés autonómico que concedió el Gobierno de las Islas Baleares al proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al área natural de Es Trenc? ¿Cómo ha evolucionado este caso?

En estos momentos, el Ayuntamiento ha iniciado todos los cambios en su normativa municipal necesarios para poder garantizar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista urbanístico. Sin embargo no se ha presentado ninguna propuesta concreta del proyecto que se pretende desarrollar. Todo ello parece ser un juego más de la especulación sobre las posibilidades de urbanizar y edificar en estos terrenos sensibles desde el punto de vista ambiental por su proximidad al área natural, de la que debería impulsar un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que en garantizara su conservación. Este Plan, debería incluir los terrenos donde se prevé instalar el hotel como zonas tampón para garantizar la preservación del área natural y por lo tanto se debería impedir cualquier tipo de desarrollo urbanístico y mantener en el su estado actual, es decir, totalmente virgen.

Pero por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, emitió una resolución obligando al propio ayuntamiento de Campos a derruir los apartamentos que se habían construido en Ses Covetes, en una lucha que duraba cerca de veinte años. ¿Cómo valoráis esta resolución? ¿Qué implicaciones puede tener en el contexto que acabas de describir de desprotección generalizada?

Sin duda se trata de una resolución que podemos calificar de histórica y un hito crucial de la lucha ecologista en Mallorca. La historia judicial de esta lucha deja bien claro que desde el ecologismo, con perseverancia, rigurosidad y el apoyo de grandes profesionales que colaboran con nuestra entidad –especialmente el grupo de abogados que ha llevado el caso durante todo estos años de lucha y movilización social– se pueden echar atrás barbaridades urbanísticas cometidas con la complicidad y aval político. Pienso que éste debe ser el principal mensaje que nos debe quedar en la cabeza después del 15 de mayo de 2013 que es la fecha límite que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares  –TSJIB– ha puesto al Ayuntamiento de Campos para ejecutar la demolición y restituir los terrenos al su estado original.

Imagen aérea de Ses Covetes. Fotografía de GOB Mallorca

Pero el caso de Campos no es el único. Se suceden los anuncios de proyectos turísticos, como hoteles, puertos deportivos, parques temáticos o campos de golf. Parece que, a pesar de la crisis, hay una auténtica fiebre urbanizadora en las islas. ¿Es real todo esto? ¿Qué valoración haces de esta nueva empuje constructora?

Se trata de un juego de poder y especulación: proyectos fantasma aparecen y desaparecen para ver “cómo está el terreno”, no sólo el territorio sino también el “terreno político”: es decir, pretenden medir hasta dónde se puede presionar para conseguir seguir impulsando las dinámicas propias del capitalismo más duro a costa del territorio y la sociedad. En este juego, promotores y entidades financieras juegan fuerte y desgraciadamente reciben todo el apoyo y complicidad de unos políticos que son incapaces de reinventarse para ofrecer alternativas reales. Al contrario, repiten los mismos errores, desacreditando la actividad política, rindiendo culto a la corrupción y alejado a cada vez más de la sociedad por su inoperancia, ineptitud e intereses no transparentes.

Por si fuera poco, en Mallorca recientemente se ha puesto en marcha un proyecto de importación de residuos con el que alimentar la planta incineradora de Son Reus. ¿Quién está detrás de esta iniciativa y a qué responde? ¿Y qué impactos ambientales puede tener?

En Mallorca en 2007 se autorizó la construcción de una macroincineradora sobredimensionada respecto a las necesidades reales de Mallorca, pagada con dinero público, para impulsar el negocio que la empresa privada TIRME –empresa propiedad de Enel Green Power, Iberdrola, FCC y Urbaser (filial de ACS)– hacía con la construcción de la infraestructura y posteriormente con la quema de residuos y la producción de energía eléctrica.

Así en Mallorca, la gestión de los residuos quedó sometida a las ganancias e intereses de una empresa privada, con la que el Consejo firmó un contrato en términos de concesión de un servicio público, de acuerdo con el cual TIRME no tiene límites en sus márgenes de beneficios ya través del cual se pactó una fórmula para la tarifa que pagamos los ciudadanos en la que TIRME nunca pierde y que siempre crece a pesar de las incineradora funcione al 100% de su rendimiento (a pesar para ello necesite importar residuos). Un futuro que quedó blindado y hipotecado hasta el año 2041.

Ahora nos venden como necesaria la importación de residuos y lo visten con eufemismos (combustibles sólidos recuperados, exportación de servicios ambientales, valorización energética …) y falsedades (producción de energía renovable, disminución de la emisión de gases efecto invernadero, generación de puestos de trabajo ….). En realidad se trata de un negocio de compraventa de residuos para garantizar las ganancias de TIRME que, pese a la crisis, cerró el 2012 con un 23% más de beneficio que el año anterior, exportando a la población mallorquina la contaminación vinculada al proceso de incineración del agua, el aire y el suelo y la emisión de partículas cancerígenas que científicamente está demostrado que incineran en los casos de muertes por cáncer y en la incidencia de otras patologías graves.

Cadena humana contra la incineradora, Port de Palma, 26 de enero de 2013. Fotografía de GOB Mallorca.

¿Y hasta qué punto este tipo de iniciativa es contradictoria con el mismo proceso de especialización turística de las Islas? ¿Cómo se entiende? ¿Qué escenario prevéis?

Obviamente, convertirnos en el estercolero de Europa no es una imagen muy atractiva desde el punto de vista turístico. Buena muestra de ello son las reacciones que ya ha habido en algunos medios internacionales que han calificado el tema como “un atentado en la isla”.

Sólo se entiende desde la lógica de los beneficios de la empresa concesionaria. En esta perversa operación, es la única que sale ganando, por tanto, o se revisa toda la relación contractual con esta empresa y se abordan las cláusulas que rigen esta concesión del servicio público o Mallorca tiene el futuro hipotecado ambientalmente, turísticamente, económicamente y obviamente también desde el punto de vista de la salud pública.

Tras este repaso, todo parece indicar que con la coartada de la crisis, determinados sectores estén atreviendo a hacer cosas que pocos tiempo atrás serían inimaginables. ¿Qué balance haces? ¿Qué supone esto para el movimiento ecologista y para el GOB en particular?

Efectivamente, cuando la crisis parecía que representaría una oportunidad para rectificar los errores cometidos en el pasado y redefinir las bases para un nuevo orden económico, desde la política se apuesta por dar continuidad a una lógica perversa protegiendo los principales culpables de la actual situación y dejando cada vez más vulnerables del territorio, el medio ambiente y las personas. De esto último son claros ejemplos del escandaloso rescate a la banca o la reforma laboral impulsada por el gobierno Rajoy o los recortes de derechos laborales obtenidos tras décadas de lucha social obrera, o la precariedad de las relaciones contractuales de la gente que viene a nuestro pequeño país buscando una manera digna de vivir … todo ello obliga al movimientos sociales a trabajar conjuntamente contra las raíces de esta crisis, porque son las mismas las que provocan el deterioro ambiental, social y democrático.

El movimiento ecologista debe ser capaz de construir alternativas reales desde la calle mientras continúa el trabajo de incidencia política, consciente pero que la realidad política que pretende cambiar ya no es susceptible de ser negociada a la baja, sino que hay que ser reinventada desde las bases, desde la sociedad y por lo tanto desde el activismo que cree en la revolución como camino hacia la esperanza de que efectivamente “otro mundo es posible”, y ahora ya, imprescindible.